El Decreto 670 del 17 de junio de 2025 llega sobre una realidad concreta: Colombia gestiona cerca de 14,2 millones de toneladas de residuos sólidos ordinarios al año, pero solo aprovecha el 16,9% del total. El resto —más de 11,8 millones de toneladas en 2023— fue a disposición final en 249 sitios, que incluyen 73 botaderos a cielo abierto y 81 sistemas sin autorización ambiental. De los 168 sitios de disposición final autorizados, 115 requieren acciones prioritarias: 29 ya llegaron al final de su vida útil y 48 tienen entre 0 y 3 años restantes. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que la generación global de residuos podría pasar de 2.100 a 3.800 millones de toneladas entre 2023 y 2050. Colombia no puede seguir resolviendo un problema de crecimiento exponencial con la misma infraestructura lineal.
El decreto adiciona el Capítulo 8 al Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, reglamentando el artículo 227 de la Ley 2294 de 2023 —Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022–2026—, y define el Programa Basura Cero como un conjunto de estrategias para promover la economía circular de residuos sólidos ordinarios y especiales, reducir la disposición final y dignificar la labor de los recicladores de oficio. La figura técnica más relevante es la de los Parques Tecnológicos y Ambientales (PTA): superficies delimitadas geográficamente con infraestructura para el manejo integral de residuos orgánicos y otras corrientes. Los PTA requerirán licencia ambiental para instalaciones de 20.000 o más toneladas por año, y los rellenos sanitarios o plantas de valorización orgánica ya licenciadas tendrán cinco años para transitar a este esquema. Esto abre proyectos concretos: plantas de compostaje y digestión anaerobia, centros de clasificación, sistemas de valorización orgánica, producción de biogás y generación de energía.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó la Cuenta de Economía Circular (CECI), que muestra que el valor agregado bruto de la economía circular en Colombia pasó de COP 24.108 mil millones en 2023 a COP 26.047 mil millones en 2024, con un crecimiento del 8,0%. Sin embargo, los indicadores requieren lectura cuidadosa: la tasa de reciclaje y nueva utilización fue del 10,51%, mientras que la tasa amplia de aprovechamiento llegó al 60,68% porque incluye cogeneración de energía y otras categorías más amplias. Para decisiones de inversión o política pública, es indispensable diferenciar entre reciclaje material, aprovechamiento energético, tratamiento biológico y reincorporación real a cadenas productivas. El decreto también reconoce que en 2023 el 94,80% de las toneladas efectivamente aprovechadas fueron reportadas por organizaciones de recicladores de oficio acogidas al proceso de formalización —lo que significa que la transición no puede excluir a quienes han sostenido el sistema.
Los municipios deberán actualizar sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para incorporar metas de prevención, reutilización, aprovechamiento y tratamiento, y alinear su ordenamiento territorial con áreas para infraestructura de residuos. La financiación podrá venir del Sistema General de Regalías, tarifas del servicio público de aseo, financiación privada, mercados de carbono, cooperación internacional, banca multilateral y bonos verdes. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la iniciativa Too Good to Waste, estima que la región requiere USD 4.000 millones adicionales al año para inversión y operación del sector de residuos. El decreto crea la dirección estratégica; la ejecución dependerá de formular proyectos bancables, estructurar modelos financieros viables, demostrar impactos ambientales y sociales, y articular municipios, recicladores, empresas, operadores e inversionistas en torno a un pipeline de proyectos reales.
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